La esperada respuesta de la Audiencia Nacional: los criterios para reconocer el ‘derecho al olvido’ | María Arias Pou

La esperada respuesta de la Audiencia Nacional: los criterios para reconocer el ‘derecho al olvido’

Ocho meses y diez días después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, dictase la Sentencia del caso Google y el derecho al olvido, la Audiencia Nacional, AN, dicta 18 sentencias en las que establece los criterios para reconocer el citado derecho. En 14 de ellas desestima los recursos de Google y en otras 4 le da la razón. La primera de estas sentencias es la referente al conocido caso de Google Spain S.L. contra la Agencia Española de Protección de Datos y Don Mario Costeja González.
La AN al considerar los dos derechos en conflicto, el de la protección de datos y el derecho a la información, da la razón a este particular al considerar que la información enlazada por el buscador no tenía relevancia en la vida pública que justificara la prevalencia del interés del público general frente a los derechos de la protección de datos de carácter personal. Los magistrados explican que se trata de un tratamiento de datos inicialmente lícito, de datos exactos por parte de Google pero que dado el tiempo transcurrido no son necesarios en relación con los fines para los que se recogieron o trataron. Y, por otro lado, el derecho a la información no resulta perjudicado dado que la información subsiste en la fuente, el sitio web donde se publicó por el editor, pudiéndose llegar a estos datos aun eliminando los vínculos a las páginas web objeto de reclamación.
Esta sentencia responde al recurso contencioso-administrativo interpuesto por Google contra la resolución de 30 de julio de 2010 del Director de la Agencia Española de Protección de Datos, que fue registrado con el n. 757/2010. En este proceso quedó interrumpido cuando el 27 de febrero de 2012 se acordó, por Auto de la AN plantear al TJUE cuestión prejudicial de interpretación, al amparo del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
El TJUE (Gran Sala) dictó Sentencia el 13 de mayo de 2014, asunto C-131/2012, Google Spain, S.L. y Google Inc./AEPD.
Las Cuestiones Prejudiciales que la AN planteaba al TJUE, se pueden resumir en la aplicación territorial de la Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, Directiva sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos; la actividad de los buscadores como ‘proveedores de contenidos’ en Internet y el alcance de los derechos de cancelación y/oposición en relación con el ‘derecho al olvido’.
En nuestra opinión, la polémica suscitada por este caso pivota entre dos cuestiones: la naturaleza de los proveedores de servicios de búsqueda en la red, a lo que nos debemos preguntar ¿son proveedores de contenido o prestadores de servicios de intermediación?; y, determinar la ‘autoridad’ del buscador para decidir cuándo elimina determinados links a contenidos, es decir, cuándo el usuario solicitante tiene razones suficientes para ‘imponer’ su derecho al olvido sobre los derechos a la libertad de información o a la libertad de expresión, entre otros, del resto de usuarios de la Red.
Pero sin entrar en el fondo de la STJUE, que recordaremos en los próximos días, lo relevante de esta Sentencia que hoy conocemos es que fija los criterios que deben seguir a partir de ahora los particulares, el responsable del tratamiento y la Agencia Española de Protección de Datos, que tendrán que llevar a cabo el juicio de ponderación esgrimido por la STJUE. Según estos criterios los particulares que ejerciten el derecho de oposición deben indicar bien, al responsable del tratamiento, bien ante la Agencia Española de Protección de Datos, según el caso, lo siguiente:
1. que la búsqueda se ha realizado a partir de su nombre, como persona física;
2. los resultados o enlaces obtenidos a través del buscador,
3. el contenido de esa información que le afecta y que constituye un tratamiento de sus datos personales.
Con esta información como premisa, la tutela del derecho de oposición de los particulares exigirá una adecuada ponderación de los derechos en conflicto para establecer si el derecho a la protección de datos debe prevalecer sobre otros derechos e intereses legítimos, en atención a “la concreta situación personal y particular de su titular”. De este modo, la cancelación de datos estará justificada cuando las circunstancias de cada caso concreto así lo determinen, “ya sea por la naturaleza de la información, su carácter sensible para la vida privada del afectado, por la no necesidad de los datos en relación con los fines para los que se recogieron o por el tiempo transcurrido, entre otras razones”.
Tras estas sentencias la AN irá resolviendo otras en las que aplicará los criterios que acabamos de enumerar.

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