Médios electrónicos y propiedad intelectual

El 1 de marzo va a hacer historia en materia de protección de la propiedad intelectual en el entorno electrónico. En esta fecha entraron en vigor, el Reglamento de desarrollo de la Ley Sinde, que regula la creación y procedimiento de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual y la Orden ministerial ECD/378/2012, de 28 de febrero, que regula la comunicación por medios electrónicos de los sujetos implicados en casos de vulneración de derechos de autor en la red.

 

En otro post abordaremos la cuestión de la protección de la propiedad intelectual en el entorno electrónico, ahora quiero dedicar estas letras a meras cuestiones formales. La orden ministerial establece la obligación, para los interesados en el procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, de comunicarse con la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual por medios electrónicos. Es decir, obliga a determinados sujetos a utilizar los medios electrónicos en estos procedimientos de denuncia. Y atribuye, a la falta de uso de estos medios, el efecto de desistimiento del procedimiento.

 

Ante esto, una de las cuestiones más relevantes es conocer quiénes son los sujetos obligados. La orden ministerial dispone, en su artículo segundo, que deberán utilizar medios electrónicos para la comunicación las personas jurídicas que estén legitimadas para iniciar el procedimiento y las personas físicas que elijan este canal de comunicación en el formulario de solicitud correspondiente. Esto en cuanto a sujetos denunciantes de la vulneración de los derechos, en relación con los denunciados, establece que los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los prestadores de servicios de intermediación deberán utilizar el canal electrónico para la comunicación y para admitir las notificaciones.

 

Estamos ante una realidad compleja de entender y en la que, por un lado, el Gobierno sigue adelante aprobando normas que tratan de suponer un impulso a la sociedad de la información y al uso de los medios electrónicos, con el fin, en este caso, de fomentar el respeto al derecho a la propiedad intelectual en la red y por otro lado, los tribunales aceptando a trámite recursos contencioso administrativos que interponen los usuarios y que solicitan la suspensión cautelar de estas normas. Sólo el paso del tiempo irá arrojando luz y seguridad jurídica sobre este asunto.

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2 opiniones en “Médios electrónicos y propiedad intelectual”

  1. Oxana Lidia Betancourt Ricardo dice:

    Soy profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Oriente en Cuba, e investigo el tema de la forma de los contratos celebrados por vía electrónica. Estos temas tienen un denominador común y es el empleo de los medios electrónicos para la comunicación entre los operadores del Derecho, con mayor trascendencia cuando intervienen entes públicos en su utilización. La comunicación y específicamente, las citaciones oficiales entre partes de relaciones jurídicas privadas o publicas por vía electrónica, aportan mayor rápidez pero también nuevos reisgos en la seguridad jurídica formal para los que no tenemos previstos ni herramientas informáticas, ni jurídicas ni subjetivas, al estar acostumbrados al intercabio presencial-físico, y por naturaleza desconfiar de todo aquello no comprobable mediante los sentidos. La confianza en las TIC, como presupuesto de seguridad jurídica dependerá de cuán capaces seamos de generalizar el empelo de las TIC como único modo de comprobar personalmente las bondades y los riesgos reales y no infundados en la resistencia al cambio. El Derecho y sus teóricos tenemos la tarea de refleccionar de conjunto con los operadores y de demostrar las realidades del empleo de las TIC en la relaciones jurídicas de toda índole, mediante investigación y arrojo, pues las barreras son más psicológicas que jurídicas y tecnológicas.

    1. Muchas gracias Oxana por compartir tus reflexiones. Totalmente de acuerdo, las barreras a veces no son ni jurídicas ni tecnológicas, pero a veces también hace falta interés de las Administraciones Públicas para avanzar hacia las mejoras que, la tecnología regulada por el derecho, nos pueden traer. Un cordial saludo

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